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Indocumentados enfrentan cargos por robo de identidad

Consideran usar papeles falsos como delito clase 3
María León
Agencia EFE
Tucson, Arizona | Published: 06.06.2008
Tucsón.- Cada vez son más frecuentes los casos de inmigrantes indocumentados en Arizona que afrontan cargos por "robo de identidad" al disponer de números de seguro social falsos, denuncian activistas.
"Se está tratando de penalizar a esta gente (trabajadores indocumentados) como si fueran criminales", dijo Isabel García, abogada y miembro de la junta directiva de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
De acuerdo con García, los indocumentados que usan números de Seguro Social falsos están siendo juzgados de la misma manera que las personas que con toda intención roban la información personal de otra para cometer fraudes.
"Este es un juego que el gobierno de Estados Unidos ha jugado por muchos años, ya que la única forma en que muchos indocumentados pueden obtener un empleo es con un número de Seguro Social falso, muchas veces un número inventado por ellos mismos y que ni siquiera existe en el sistema", explicó la activista.
Anteriormente los indocumentados detenidos en sus trabajos eran procesados y deportados de inmediato a sus países de origen y raramente eran penalizados por utilizar documentos falsos.
Pero ahora, las autoridades en Arizona han comenzado a implementar una ley estatal aprobada en el 2005 y que convirtió al robo de identidad en un delito clase 3.
El pasado mes de marzo, el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Arizona (DPS) informó del arresto de 11 trabajadores del restaurante de comida rápida Panda Express en la ciudad de Tucsón.
Entre los arrestados se encuentra Marlen Moreno, de 23 años y quien junto a sus compañeros enfrenta cargos por robo de identidad a pesar de que ella trabajaba con su verdadero nombre, pero con un número de Seguro Social falso.
De ser encontrados culpables se enfrentarían a una pena máxima de ocho años y medio de prisión.
"Estos son trabajadores que han pagado sus impuestos y que gracias al dinero que contribuyen otros van a poder retirarse y cobrar sus pensiones", dijo García, quien representa a Moreno.
La inmigrante mexicana llegó a Estados Unidos cuando tenía 13 años y tiene dos hijos estadounidenses, uno de ellos de apenas ocho meses de nacido.
Moreno se vio afectada también por otra ley estatal que niega la posibilidad de salir bajo fianza a todos aquellos indocumentados que enfrentan cargos por un delito mayor.
Según García, otros casos similares ya han ocurrido en Arizona. En el Condado Maricopa muchos indocumentados han preferido declararse culpables para no tener que pasar tanto tiempo en la cárcel, aunque esto signifique también su deportación.
El pasado mes de marzo, la fiscalía del Condado Maricopa, donde se asienta Phoenix, presentó cargos contra cuatro trabajadores indocumentados de la compañía Royal Paper por robo de identidad.
Stacie Derge, vocera del Departamento de Policía de Phoenix, dijo que la mayoría de los casos en contra de inmigrantes indocumentados comienzan cuando el dueño del número Seguro Social utilizado pone una denuncia.
En algunos casos madres se han quejado de que alguien está utilizando el número de Seguro Social de sus hijos para trabajar y no se dan cuenta hasta que solicitan algún beneficio público.
Por su parte, la fiscalía del Condado Pima se negó a comentar sobre el caso de Moreno debido a que todavía está en proceso.
García señaló que el próximo 30 de marzo tendrán una audiencia nuevamente ante un juez en la que solicitará la posibilidad de que su cliente pueda salir en libertad bajo fianza.
"Este es un caso que tendremos que seguir muy de cerca, ya que estoy segura casos como este se seguirán repitiendo", finalizó.
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