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La ley estatal que sanciona a negocios que contraten indocumentados en Arizona tiene preocupados a autoridades y legisladores del estado de Sonora.

Los funcionarios públicos temen un eventual éxodo de migrantes a ese estado, para lo cual no están preparados ni logística ni financieramente.

"Todavía no se siente fuerte el impacto, pero en el momento que salgan (los inmigrantes) de Arizona, vamos a tener problemas", dijo Enrique Flores López, de la dirección de atención al migrante internacional en Sonora.

Y ante ese posible escenario, los funcionarios han emprendido diversas acciones, que van desde reuniones entre autoridades y organismos no gubernamentales, hasta la visita de legisladores sonorenses al Congreso de México en la capital mexicana a finales de enero.

"Vamos a ir a pedir recursos", dijo la diputada Irma Villalobos de la Comisión de Asuntos Fronterizos en el Congreso de Sonora.

Villalobos participó el jueves pasado en la primera reunión entre diversas instancias gubernamentales y grupos de defensa de los derechos humanos para analizar el posible impacto de la ley HB 2779.

En la reunión, que se realizó en Nogales, Sonora, participaron cerca de 50 asistentes, entre ellos el Reverendo Robin Hoover de Humane Borders.

También la semana pasada, una delegación de 9 diputados panistas del Congreso de Sonora, visitó Tucsón y Phoenix para aprender más sobre la nueva ley y reunirse con legisladores arizonenses.

"La intención de nuestra visita es conocer de viva voz, de parte de quienes votaron a favor de la ley", dijo Leticia Amparano, diputada representante del área de Nogales.

Y es que en Sonora, añadió Amparano, no hay una sola persona que no tenga un familiar viviendo en Arizona, por lo que la aplicación de la ley afecta en la entidad.

Florencio Díaz, otro de los diputados panistas que visitó Arizona, dijo que necesitan aprender más sobre la ley para poder prevenir qué tipo de ayuda necesitarán los mexicanos que regresen.

Los diputados buscan también analizar cómo pueden enfrentar el impacto de la HB 2779 a través de la recién creada Ley de Protección y Apoyo a Migrantes de Sonora. Dicha iniciativa, que aún no entra en vigor, incluye la creación de un organismo estatal para atender a los migrantes y la creación de un registro estatal de migrantes.

"Es muy importante para nosotros, que no sólo se aborde desde el punto de vista de qué es lo que haremos, sino también venimos a decirles (a los diputados arizonenses) los efectos de la ley", comentó.

Además, el martes pasado en gira de trabajo por Nogales, el gobernador de Sonora Eduardo Bours, anunció la iniciativa 'Migrantes Trabajando', para mexicanos que hayan sido deportados de Estados Unidos y deseen quedarse a trabajar en el estado, aunque el programa no es exclusivo para quienes salgan del País a causa de la nueva ley.

"Debemos buscar las oportunidades en nuestro País, se me hace muy cómodo echarle la cupa a ellos (Estados Unidos) y no hacer nada nosotros", expresó Bours en un comunicado de prensa.

No están preparados

Aunque no se tiene la certeza de que la aplicación de la ley pueda provocar un eventual éxodo de migrantes, autoridades y legisladores aceptan que no están preparados para recibirlos.

Flores López comentó que en el caso de Nogales, por ejemplo, se tiene que preparar la estructura de la ciudad, construir un albergue para 150 personas.

"Por ahora no estamos capacitados, y tendrá que haber partidas presupuestales (federales) especiales, y establecer una estructura de recepción para los migrantes, crear las fuentes de empleo", comentó.

Los legisladores también coincidieron en que la entidad no está preparada.

Algunos efectos

Las autoridades, legisladores y organizaciones no gubernamentales, aseguran que ya se perciben ciertos efectos de la ley.

El responsable de la dirección de atención al migrante internacional, por ejemplo, dijo que ya se han acercado a la dirección algunas familias pidiendo ayuda y que regresaron a México de manera voluntaria ante el temor de que fueran deportados por la nueva ley.

La diputada Amparano dice que en el caso de Nogales, se observa mayor afluencia de migrantes en el centro de la ciudad y más niños ingresando a las escuelas, aunque no se tienen cifras oficiales.

Según estimaciones de Francisco Loureiro, del albergue San Juan Bosco en Nogales, desde que entró en vigor la nueva ley más personas acuden al centro. Usualmente reciben 100 y el número está llegando ahora a los 120.

"Se está dando la autodeportación, la gente prefiere salir de Estados Unidos antes de que los agarren y sean fichados".

Sin embargo, los consulados mexicanos en Yuma y Tucsón, aseguran que hasta el momento no han recibido denuncias de parte de mexicanos que estén siendo acosados con la nueva ley.

"No hemos sabido de gente que haya sido deportada por la nueva ley", comentó Miguel Escobar Váldez, cónsul mexicano en Yuma.